Retuercen legislación ambiental para el Tren Maya

El Tren Maya, al margen de la ley ambiental

 

 

 

Los promotores de la obra retorcieron la legislación en contra del consejo de asesores y estudios ambientales y comenzaron la construcción de un megaproyecto  sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental 

 

 

 

MÉXICO.- El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda «TREN MAYA». Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja «obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país».

Como le gusta decir al mandatario: «Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie». Salvo el Tren Maya.

Según se lee en unos documentos obtenidos por El Universal, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que «desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental».

El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que «esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988».

«Es algo más que un simple mantenimiento», argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.

«Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial».

Por su parte, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que «el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley».

«Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás», destaca Basurto.

 

 

 

Fuente: El Universal

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